Río Blanco, Veracruz., 24 de junio de 2025 (Reporte272 / Ixio Loaiza).- Pablo Morales Falcón, apoderado legal de la Universidad del Golfo de México, Rectoría Centro, desmintió categóricamente los señalamientos realizados por un exobrero y un abogado en torno a un presunto desalojo violento ocurrido la noche del lunes en las instalaciones de la exalberca de Río Blanco, propiedad —según afirmó— del consorcio universitario.
El abogado confirmó que existe una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado contra un grupo de exobreros que aseguran ser los legítimos dueños del inmueble, por lo que llamó a que dicha propiedad se acredite conforme a derecho, a través de las instancias legales correspondientes.
Morales Falcón respondió así a las declaraciones de Eduardo Cancino Torres —quien se ostenta como tesorero del Comité Liquidador del extinto sindicato Río Blanco— y del abogado César Lanzagorta, quienes acusaron un supuesto desalojo forzado y el robo de herramientas. El representante legal de la UGM Centro aseguró que el inmueble cuenta con un título de propiedad vigente, debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad.
El litigante explicó que desde marzo de 2017, el consorcio universitario adquirió legalmente la propiedad, tras llegar a un acuerdo de liquidación con cerca de 500 extrabajadores. Añadió que si alguna persona o grupo tiene dudas sobre la legalidad del inmueble, puede conformar una comisión y solicitar una audiencia ante los tribunales, para que ambas partes presenten sus argumentos y documentación legal.
“UGM Centro es la única propietaria del inmueble desde hace poco más de ocho años. Reitero que se cuenta con el título de propiedad inscrito en el Registro Público, y que hemos cumplido con todos los requisitos legales para ejercer plenamente ese derecho”, subrayó.
Asimismo, Morales Falcón declaró desconocer el origen de las versiones sobre un presunto despojo, y señaló que, por el contrario, fue la universidad la que en su momento fue despojada por un grupo de personas cuya situación jurídica es incierta.
Finalmente, insistió en que el camino a seguir debe ser el legal, como ha sido desde el inicio por parte del consorcio. Reiteró que la UGM Centro no tiene objeción en que se revisen los documentos de propiedad, siempre que se haga conforme a los procedimientos establecidos tanto en los códigos penales como civiles.
“Mientras no se actúe por las vías legales, los señalamientos de quienes se dicen representantes de los exobreros carecen de sustento jurídico”, concluyó.
