Maltrata, Ver., 22 de septiembre de 2025 (Eliseo Morales).- La familia de Erick Mateo Terán Hernández, joven originario de Maltrata que resultó gravemente herido en la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, denunció lo que consideran un acto de negligencia médica por parte del Hospital General de Zona 197 del IMSS en Texcoco, al darle de alta de manera prematura, pese a tener diez injertos en brazos y cuello y sin proporcionarle analgésicos ni medicamentos suficientes para su recuperación.
De acuerdo con su hermano, Ángel Terán Hernández, Erick fue trasladado de terapia intensiva a piso el 15 de septiembre, donde requería estrictos cuidados de higiene por sus heridas. Sin embargo, apenas cuatro días después, el 19 de septiembre, los médicos ordenaron su alta hospitalaria. La familia se opuso, pero el argumento de las autoridades fue la saturación de pacientes y la necesidad de liberar camas, obligando a que este domingo dejara el nosocomio.
“Algunos pacientes con injertos regresaron al día siguiente con fiebre porque requerían vigilancia. ¿Cómo es posible que los manden a casa en esas condiciones? El cuidado no va a ser el mismo en casa que en un hospital”, cuestionó indignado su hermano.
El caso de Erick es particularmente delicado: hace menos de una semana estuvo en terapia intensiva con líquidos en los pulmones, por lo que se le colocó una sonda. A pesar de ello, el IMSS decidió enviarlo a su casa en Tláhuac, Ciudad de México, desde donde el traslado de emergencia a Texcoco representa más de dos horas de camino y un gasto aproximado de 800 pesos por viaje.
Para el próximo 25 de septiembre, el joven tiene programada otra cirugía de injerto, aunque su estado de salud —según su familia— sigue siendo frágil. “Le hicieron injertos de piel sintética, lo mandaron solo con antibióticos y nada para el dolor. Ahora mueve los dedos, pero no sabemos si después podrá trabajar”, advirtió su hermano.
La familia acusó al IMSS de priorizar liberar camas por encima del derecho a la salud y la vida de los pacientes, exponiendo a su hermano a complicaciones que podrían evitarse con vigilancia hospitalaria.
Ante la gravedad del caso, hicieron un llamado urgente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y al director general del IMSS, Zoé Robledo, para que respondan por la decisión de dar altas médicas precipitadas en casos de quemaduras graves.
Finalmente, pidieron también la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al recordar que las víctimas de la explosión de la pipa requieren atención especializada y de largo plazo, además de apoyo económico, pues muchos de ellos no podrán reincorporarse al trabajo en meses o incluso años.
