La Perla, Ver.- Después de horas de tensión y de mantener bloqueado el acceso principal al municipio para exigir mayor seguridad, habitantes de diversas comunidades de La Perla retiraron la protesta tras sostener una reunión privada con autoridades municipales, en la que recibieron el compromiso de reforzar las acciones para combatir la delincuencia.
Aunque los acuerdos alcanzados no fueron dados a conocer oficialmente, trascendió que el Gobierno Municipal continuará gestionando, en coordinación con el Gobierno del Estado, estrategias para fortalecer la seguridad en las comunidades, por lo que, de momento, no habrá nuevos bloqueos.
Durante el encuentro, los pobladores expresaron su inconformidad por el desempeño de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), instituciones a las que responsabilizaron de no atender de manera efectiva los hechos delictivos registrados en la zona.
Los manifestantes aclararon que sus señalamientos no son contra la Policía Municipal de La Perla, sino contra las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia y la seguridad pública.
Asimismo, reconocieron la intervención del alcalde Miguel Ángel Bautista, quien, aseguraron, desde el pasado domingo escuchó las demandas ciudadanas y facilitó el diálogo para buscar una solución al conflicto.
El descontento de la población surgió luego de que vecinos lograran detener y entregar a tres presuntos ladrones a elementos de la Policía Estatal; sin embargo, los sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y posteriormente quedaron en libertad debido a la falta de una denuncia formal.
De acuerdo con los habitantes, la situación se agravó porque la Fiscalía presuntamente puso obstáculos para iniciar la investigación del robo sufrido por un campesino, a quien despojaron de más de 100 mil pesos, producto —afirmó— de tres años de ahorro obtenido por la venta de sus cosechas.
El afectado relató que el dinero provenía de pagos en efectivo recibidos de manera gradual por su trabajo en el campo, pero aseguró que las autoridades ministeriales le exigieron acreditar el origen del recurso antes de iniciar la carpeta de investigación, situación que, según los inconformes, permitió que los tres presuntos responsables recuperaran su libertad y desató la indignación de la población.
