Orizaba, Ver.- Con pancartas y consignas frente a las instalaciones de la Ciudad Judicial de Orizaba, integrantes de la Colectiva Violencia Vicaria Orizaba se manifestaron este miércoles para exigir que las autoridades agilicen los procesos relacionados con violencia vicaria y familiar, además de investigar el desempeño de jueces y funcionarios que, aseguran, han incurrido en omisiones que afectan a madres e hijos.
Las participantes afirmaron que numerosos expedientes permanecen rezagados por meses o incluso años, situación que, señalaron, ha impedido el cumplimiento de resoluciones judiciales y el derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir con sus madres.
María de Jesús Flores Wong, fundadora de la colectiva, sostuvo que la agrupación acompaña a mujeres que enfrentan procesos legales en los que, afirmó, el interés superior de la niñez no ha sido privilegiado. En ese contexto, señaló al juez Germán Jiménez Oseguera, a quien responsabilizó de presuntas omisiones en uno de los casos que acompaña la organización.
Durante la protesta, varias madres ofrecieron testimonios sobre sus procesos legales. Marina Rodríguez Guevara aseguró que, después de denunciar a su expareja por presuntos actos de violencia física, sexual, psicológica y económica, fue separada de sus hijos en junio de 2024.
También afirmó haber enfrentado obstáculos para presentar su denuncia y presuntos actos de revictimización en distintas instituciones.
De acuerdo con su versión, los retrasos en los procedimientos, la promoción de amparos y el incumplimiento de resoluciones judiciales han impedido que pueda restablecer la convivencia con sus hijos, por lo que solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para que el Tribunal de Disciplina Judicial revise la actuación de los órganos jurisdiccionales en Orizaba.
Las manifestantes también señalaron presuntas irregularidades en la atención brindada por dependencias como la Fiscalía Regional, el Instituto Municipal de la Mujer (IMMO) y el Sistema DIF, al asegurar que algunas víctimas fueron orientadas a conciliar con sus presuntos agresores o recibieron asesorías que, a su consideración, perjudicaron sus procesos legales.
Entre los testimonios, otra madre relató que tuvo que abandonar su procedimiento judicial debido a las dificultades económicas que enfrentó tras salir de su domicilio familiar, mientras que Liliana Jiménez denunció que desde hace casi tres años no ha podido convivir con uno de sus hijos, situación que atribuyó a la falta de seguimiento por parte de las autoridades.
Como parte de su pliego de demandas, la colectiva solicitó que niñas, niños y adolescentes sean escuchados por personal especializado en psicología infantil, que se fortalezcan las investigaciones de las carpetas relacionadas con violencia familiar y que las resoluciones judiciales garanticen plenamente el interés superior de la niñez.
Asimismo, pidieron que las visitas del Tribunal de Disciplina Judicial a los órganos jurisdiccionales sean notificadas públicamente para que las víctimas puedan exponer directamente sus casos y presentar las quejas correspondientes.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales y del Poder Judicial para implementar acciones que permitan agilizar los procedimientos, evitar la revictimización y garantizar un acceso efectivo a la justicia en los casos de violencia vicaria y familiar.
