Toluca, Estado de México.- Mientras el Gobierno del Estado de México publica la modificación de las tarifas del transporte público en la modalidad colectiva y mixta, usuarios y expertos denuncian que el incremento poco resuelve los problemas más urgentes: inseguridad, unidades en mal estado y conductores al volante bajo los efectos del alcohol.
El pasado 10 de octubre de 2025, la Secretaría de Movilidad, encabezada por el Mtro. Daniel Andrés Sibaja González, oficializó los nuevos costos: $14 por los primeros cinco kilómetros en colectivos y $11 por los primeros diez kilómetros en rutas mixtas rurales, con incrementos adicionales por kilómetro excedente. Según el acuerdo, el ajuste busca garantizar la modernización y la viabilidad del servicio, asegurando eficiencia, calidad y seguridad.
Sin embargo, para quienes utilizan el transporte público a diario, la realidad es otra. Usuarios denuncian que unidades “chatarra” circulan en pésimas condiciones, con frenos desgastados, asientos deteriorados y sistemas de seguridad casi inexistentes. Además, se reportan constantes asaltos dentro de las unidades y, en varios casos, conductores que operan en estado etílico, lo que incrementa el riesgo de accidentes y pone en peligro la integridad de los pasajeros.
“Se supone que suben la tarifa para modernizar el transporte, pero seguimos viajando con miedo. Los choferes manejan borrachos y las unidades parecen listas para desarmarse en cualquier momento”, señaló un usuario del transporte colectivo en Toluca.
El Acuerdo establece que los concesionarios deben someterse a una reestructura integral, renovar unidades, instalar equipos de videovigilancia y capacitar a los conductores, además de garantizar la revisión físico-mecánica periódica de las unidades. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido lenta y parcial, dejando a los ciudadanos expuestos a situaciones de riesgo.
Expertos en movilidad advierten que sin supervisión efectiva, multas estrictas y controles antidoping permanentes, el aumento de tarifas solo beneficiará a los concesionarios mientras la población sigue siendo rehén de un transporte inseguro y deficiente.
La pregunta que persiste es inevitable: ¿de qué sirve pagar más si la seguridad, la calidad y la confiabilidad del transporte público siguen siendo un lujo que los mexiquenses no tienen garantizado?
